En 1837 la constitución española, por su artículo adicional primero, estableció de iuris la especialidad colonial de las provincias ultramarinas que restaron bajo dominio imperial tras las independencias americanas. Esta situación de especialidad que se recogía formalmente para los espacios insulares caribeños y pacíficos no solo generó tensiones y conflictos políticos, sino que vino a materializar constitucionalmente la existencia de unas prácticas sociales, de gobierno, justicia y poder público que pueden ser catalogadas efectivamente como distintas. Unas prácticas marcadas por la situación privilegiada en que se encontraron los decisores locales para llevar adelante experimentaciones institucionales, jurídicas, políticas, culturales…, en razón de la particularidad de unas islas emplazadas en los márgenes del imperio, con unos ágiles procesos productivos en expansión, con una baja intensidad institucional en lo que respecta a las entidades tradicionales de la monarquía (ayuntamientos, audiencias), y donde el discurso de la peligrosidad y la amenaza permanente primó tras la guerra de los Siete Años, justificando así medidas “extraordinarias”. En el caso caribeño, por demás, bajo un particular clima de insurgencias y contestación del régimen de la esclavitud por las poblaciones negras, espoleado en gran parte por la Revolución de Haití.

Aunque los argumentos empleados por las Cortes liberales para la exclusión constitucional ultramarina (la distancia, la heterogeneidad de sus sociedades por razones étnicas, culturales y esclavistas) fueron ampliamente refutadas por las élites locales, estas supieron adaptarse, en razón de las múltiples contradicciones que implicaban la defensa de sus intereses, a una situación que se mantuvo, de facto, hasta 1897, con un breve paréntesis bajo el Sexenio democrático (1868-1874). Esa adaptación generó a su vez nuevas prácticas en situación de especialidad jurídica y social, la emergencia de proyectos, disposiciones, imaginarios y significados nuevos para aprehender y domesticar una realidad permanentemente cambiante y cuyo instrumental jurídico de gobernación fue virtual y no real (no debe perderse de vista que las famosas “leyes especiales ultramarinas” nunca se proclamaron, creando un vacío normativo que fue colmado por el día a día de la gobernabilidad colonial).

La historiografía cubana o cubanista suele insistir en algunos tropos asociados al contexto específicamente colonial que se abre formalmente a partir de 1837 –aunque es, en realidad, una situación de facto desde, al menos, 1825: la militarización del gobierno insular, las lógicas esclavistas que permean y modelan las prácticas sociales, la permanencia de un funcionamiento institucional de antiguo régimen, la confrontación entre grupos de poder –criollos y pro peninsulares– generada por la ruptura de la representación en Cortes para los ultramarinos, el anquilosamiento del gobierno insular con respecto al liberalismo doctrinario que se va desarrollando en la distante península, el predominio de prácticas represivas de control social para la gestión cotidiana de la conflictividad, etc.

Todos estos tópicos han sido revisitados, renovados, discutidos, por jóvenes investigadores que en los últimos años vienen desarrollando su trabajo científico en las academias europeas. El objetivo de la presente Jornada de estudios es reunir algunas de esas producciones más recientes para hacer dialogar dichos acercamientos renovados a la historia decimonónica insular, a la vez que permitir una más amplia visibilidad de los estudios cubanos en Europa. La historiografía cubanista merece también, siguiendo la pauta de las revisiones historiográficas que han tenido lugar desde inicios de este milenio en las tradiciones disciplinares continentales, una puesta al día que permita entender a cabalidad el rol fundamental que jugó el espacio cubano en la reconfiguración imperial tras las independencias, y los particulares desarrollos del propio liberalismo español.

La jornada se articulará a partir de varias temáticas federativas de la producción historiográfica que reúne:

• Prácticas de gobierno, justicia y derecho en contexto de especialidad
• Desarrollos administrativos e institucionales para la representación del territorio y sus gentes en un contexto económico cambiante
• Dinámicas socio-culturales en una sociedad esclavista: regulación del trabajo y la movilidad social; imaginarios y representaciones de la sociedad colonial

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